Educación Superior

Los rasgos de estos cambios se han dibujado con nitidez en las últimas dos décadas: ganan presencia en la educación superior los jóvenes de menores ingresos; es creciente la participación de los segmentos medios; y pierde peso relativo los de mayores ingresos. Así, de acuerdo con los datos de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares:

•Sólo 10 por ciento de la matrícula de educación superior en 1992 estaba formada por jóvenes en situación de desventaja económica (los pertenecientes a los cuatro primeros deciles de ingreso); los jóvenes de segmentos medios representaban alrededor de 44 por ciento; y los jóvenes de familias acomodadas (las que forman los dos últimos deciles) concentraban 46 por ciento.

•En contraste, el peso relativo de los jóvenes de escasos recursos en la matrícula total aumentó en el año 2010 a poco más de 21 por ciento; el de los jóvenes de segmentos medios a 48 por ciento; y el correspondiente a los jóvenes de las familias más prósperas disminuyó a 31 por ciento.

Esta tendencia seguramente se verá acentuada en los años por venir. Se prevé que alrededor de 31 por ciento de la matrícula total en 2020 podría estar representada por jóvenes de escasos recursos. La cambiante composición social de la matrícula y el creciente peso de los jóvenes de escasos recursos en la educación superior constituye un desafío para la política educativa y para todas las instituciones del sector. Por un lado, se requiere desarrollar mecanismos (algunos de ellos de carácter remedial) que permitan apoyar el acceso y permanencia de los jóvenes en situación de desventaja económica que cursan sus estudios en este nivel educativo; y por el otro, es preciso reforzar los programas vocacionales en los niveles previos y adecuar la oferta educativa de tipo superior para atender una demanda crecientemente heterogénea.

En este renglón resulta significativo el papel desempeñado en los años recientes por las instituciones públicas para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes provenientes de los segmentos de menores ingresos (los cuatro primeros deciles). De un total de 800 mil estudiantes de escasos recursos en 2010, la gran mayoría (alrededor de 80 por ciento) estaba adscrita a instituciones públicas. En contraste, en los estratos de mayores ingresos (sobre todo a partir del sexto decil) tiende a disminuir el peso relativo de los que estudian en esas instituciones y aumenta el de quienes lo hacen en las instituciones particulares,

Más becas para los jóvenes de escasos recursos

Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos, el gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos de los estados y de las instituciones educativas, impulsó en los últimos años diversos programas de becas:

• El Programa Nacional de Becas (PRONABES) otorgó 1.6 millones de becas entre 2007 y 2012.

• El Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (PROBAPISS) distribuyó 236 mil becas en el mismo periodo.

• A través del Programa de Fortalecimiento de Becas para la Educación Superior se asignaron 184 mil becas entre los ciclos escolares 2009 y 2012.

• El Programa de Becas Universitarias otorgó 396 mil becas en 2012.

Esto quiere decir que durante la administración actual se entregaron más de 2 millones 412 mil becas, es decir, un promedio de 402 mil becas por año. El número total de becas de los diferentes programas se incrementó casi cuatro veces entre los años extremos, al pasar de 220 mil en 2007 a 813 mil becas en 2012 (véase gráfica 3).

Como se sabe, las becas son una herramienta esencial para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas. En los próximos años será necesario continuar fortaleciendo de manera significativa estos programas para reforzar el papel de la educación superior como palanca de desarrollo, movilidad y cohesión social.

El fortalecimiento de la educación superior hace indispensable contar con una más sólida base de financiamiento. En los últimos seis años, la inversión federal en educación superior y posgrado se incrementó en alrededor de 40 por ciento en términos reales. Se trata de una inversión que si bien sigue siendo insuficiente y con un alto componente inercial, es significativamente mayor que la del pasado reciente y no tan reciente. Baste señalar que durante las dos administraciones anteriores el presupuesto alcanzó un crecimiento real de 16 por ciento en el periodo de 1994-2000 y de 15 por ciento durante el periodo 2000-2006.

El aumento registrado en los últimos seis años ha permitido una mejora de diversos indicadores financieros del sistema de educación superior. En Panorama Educativo 2012, la OCDE señala puntualmente algunos de estos progresos. El gasto por alumno en educación superior —8,020 dólares (es decir, dólares equivalentes convertidos a Poder de Paridad Adquisitiva)— situaba a México en un nivel similar al de la Republica Checa (8,237) y por encima de Polonia (7,776), Rusia (7,749), Chile (6,863) y Argentina (4,579). Mientras que el ritmo de crecimiento del gasto por estudiante de educación superior en México se elevó significativamente —casi 23 por ciento entre 2000 y el 2010—, en países como Chile y Brasil disminuyó o su dinámica fue mucho menor, provocando un cierre de la brecha en este renglón. Recuérdese, por ejemplo, que en 2000 el gasto por estudiante en México equivalía a 62.9 por ciento del gasto en Chile; esta relación se invirtió diez años después, cuando representó 1.17 veces el del país sudamericano.

La política de financiamiento se ha consolidado en la última década con la creación de nuevos fondos extraordinarios y programas de concurso. Así, mientras que en la década de los 90 se crearon tres instrumentos de financiamiento competitivo, en los últimos doce años se crearon 15 fondos para atender los diversos subsistemas que integran el mosaico de la educación superior pública en México. Cabe hacer notar que en los últimos seis años se implantaron 10 de los 15 nuevos fondos y programas de financiamiento.

En los presupuestos comprendidos entre 2007 y 2012, se asignaron por medio de los fondos extraordinarios y de los instrumentos financieros basados en el desempeño institucional alrededor de 73 mil millones de pesos, lo que equivale a cerca de una cuarta parte del subsidio ordinario de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario y las Instituciones y Universidades del Sistema Tecnológico. Además para brindar certeza a las instituciones de educación superior, se realizó cada año un proceso transparente de asignación de estos recursos, vigilado por Transparencia Mexicana.

No obstante los avances citados, es preciso reconocer que las insuficiencias presupuestales han dificultado logros mayores. Por esa razón, la ANUIES ha propuesto transitar en fecha reciente hacia una política de financiamiento plurianual, con una meta precisa en el presupuesto para los próximos seis años: incrementar el financiamiento federal y estatal para pasar de alrededor de 1 por ciento del PIB en la actualidad a 1.5 por ciento en los próximos años, que de concretarse permitirán a las instituciones educativas no sólo contar con más recursos, sino también tener mayor certidumbre para avanzar en la planeación de largo plazo.

Una demanda creciente por educación superior

La expansión de la educación superior en México ha tenido como precondición el aumento de las tasas de cobertura, retención y graduación en el bachillerato. La cobertura bruta en el nivel medio superior se incrementó sostenidamente en los últimos años (de 58 por ciento en 2006 a cerca de 71 por ciento en 2012), al tiempo que se elevó la proporción de egresados que transitó hacia el nivel superior. En los próximos diez años la presión para la educación superior será aún mayor pues se prevé que el nuevo ingreso aumentará alrededor de 90 por ciento, impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la educación media superior.

Este último hecho revela asimismo el creciente interés de los hogares mexicanos por invertir en una mayor escolaridad de los jóvenes. La evolución del gasto destinado a los servicios de educación superior sugiere el enorme esfuerzo realizado por los hogares en este renglón. Entre 2002 y 2010, el gasto en educación, como proporción del gasto monetario total de los hogares, creció de 10.3 por ciento a 13.5 por ciento. Además, este aumento ocurrió en un contexto en el que la proporción de hogares consumidores de servicios educativos se contrajo de 71.4 por ciento a 68.6 por ciento.

Además, los hogares perciben que una escolaridad mayor de los jóvenes les permitirá ingresar en mejores condiciones al mercado laboral. En una nación como México, donde los recursos humanos calificados no son abundantes, las tasas de retorno privado y el premio salarial a la educación superior se han mantenido altos y lo seguirán haciendo durante los próximos años.